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Los riesgos de la tolerancia al vandalismo

 17 nov 2014
Por: Ricardo Homs

 

Lo que está sucediendo en el país  es la suma de transgresiones a la ley, -que sin embargo-, hoy se han salido de control.

La tragedia que puso en duelo a todo México se originó en un pequeño delito que sin embargo, por razones humanitarias y sentimentales, nos negamos a verlo como tal, y queremos interpretarlo como una travesura de estudiantes: el secuestro de autobuses. Ese fue el origen de la tragedia.

Tomar por la fuerza autobuses que tienen propietario es transgredir la ley pues se afecta el patrimonio de sus legítimos propietarios.  Equivale a entrar a una taquería y negarse a pagar lo consumido, o confiscar la caja de una tortería bajo el argumento de que ese dinero se utilizará para una causa social.

Independientemente de la legitimidad de cualquier causa social, el afectar el patrimonio de terceros rompe con las leyes que sustentan el sistema jurídico.

Lo que sucedió después, es de sobra conocido. El alcalde estaba vinculado con la delincuencia y los cuerpos policiacos de Iguala y Cocula estaban al servicio de los Guerreros Unidos.

El gobernador, Ángel Aguirre, protegió al alcalde. Seguramente estaba al tanto de sus actividades delictivas e incluso ignoró la recomendación del secretario de gobernación de vigilarlo.

Luego llegó la agresión injustificable por parte de delincuentes y de nuevo se cerró el ciclo pues concluyó con vandalismo callejero en nombre de los desaparecidos.

El vandalismo nos indica que grupos oportunistas, -que simplemente buscan pretexto para ejercer desmanes-, están pretendiendo capitalizar para sus intereses esta causa ciudadana.

Este nuevo contexto pone en riesgo la gobernabilidad, -pues si el ejemplo cunde a otras regiones-, se convertirá en una crisis de alcance nacional.

El vandalismo, - generalmente estudiantil-, ha sido tolerado por los funcionarios pretendiendo calificarlos como una actitud respetuosa ante el derecho ciudadano a manifestarse con total libertad. Sin embargo, esta actitud temerosa de los funcionarios refleja la vulnerabilidad gubernamental.

Este contexto social de conflicto, -y los riesgos que implica-, amerita volver a rescatar la controvertida legislación que pretendía dar orden y certidumbre al ejercicio del derecho ciudadano a manifestarse y evitar los excesos que hoy ponen en riesgo la gobernabilidad. Sólo de este modo será posible castigar el vandalismo.

Es urgente proteger el estado de derecho y la gobernabilidad sin reprimir las causas ciudadanas. Por ello esta iniciativa de ley debe ser rescatada y analizada su aprobación.

 

  

 



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